domingo, 28 de octubre de 2012

FRAGATA LIBERTAD, EDUARDO ANGUITA, OPINION.

El precio de la libertad

Año 5. Edición número 232. Domingo 28 de octubre de 2012
El impresionante velero que lleva a los cadetes del último año de la Escuela Naval a navegar por los siete mares fue pensado a fines de 1952 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Dado que hacía muy pocos meses había muerto Eva Duarte de Perón, las autoridades pensaron que el buque escuela llevara su nombre.

En diciembre de 1953 se formalizó el proyecto y, además de ratificar el nombre, se decidió que el mascarón de proa llevara la imagen de la Abanderada de los Humildes. En septiembre de 1955, cuando todavía no había sido botado ese buque, fabricado en la Argentina, se produjo la usurpación del poder por parte de facciosos que utilizaron el pomposo nombre de “Revolución Libertadora”. Ellos decidieron falsear la identidad del barco y llamarlo “Fragata Libertad”. También tuvieron la precaución de no dejar a Evita en el mascarón de proa y colocar en cambio una imagen inspirada en la iconografía libertaria basada en el cuadro de Eugène Delacroix llamado La libertad guiando al pueblo. Esa pintura se inspiró en las barricadas parisinas de julio de 1830, cuando el pueblo francés se levantó contra el rey Carlos X, quien había suprimido el Parlamento.

La perversión de los golpistas del ’55 llevó a que ellos se valían de una imagen que en su esencia tiene mucho que ver con Evita pero querían malversar el sentido de la Historia: los militares y civiles que consumaron el golpe y suprimieron el Parlamento se valieron de una imagen que expresa a una mujer que lideró las luchas contra la supresión del Parlamento. De fondo, y más grave que eso, ese golpe de Estado secuestró el cuerpo de Evita y lo mantuvo escondido hasta 1971 cuando lo llevaron a Puerta de Hierro para entregárselo a Perón, quien confirmó, con espanto, que el cadáver había sido mutilado. Puede decirse, volviendo a la Fragata, que fue botada (1956) con su identidad suprimida. Vale la pena subrayar que el golpe de 1955 tenía el propósito explícito de colocar a la Argentina en la órbita de los intereses de Estados Unidos y de allí que, sin necesidad de tomar créditos, los golpistas alinearon al país con el Fondo Monetario Internacional y la poderosa comunidad financiera privada internacional. En aquella oportunidad, el entramado de intereses de golpistas y financistas logró secuestrar el alma de la fragata. Esta vez, 57 años después, un grupo de financistas con algún apoyo logístico, logró quedarse con el cuerpo de la fragata.

El segundo secuestro del buque escuela de la Armada es obra y gracia de los fondos especulativos y las normas internacionales que defienden, a rajatabla, los negocios de las transnacionales. De no haber existido el Plan Brady (1992) y el compromiso de la dupla Menem-Cavallo de respaldar los bonos del Estado con todos los activos nacionales excepto “los bienes públicos de servicios esenciales”, cualquier barco o avión de bandera, entre otras tantas cosas, puede ser incautado si existe la orden de un juez que acepte la legislación internacional hecha a medida de corporaciones de corte neocolonial. Lo explicó con detalle Alejandro Olmos Gaona (Miradas al Sur 21/10/12): el tribunal arbitral al que se sujetó el gobierno (constitucional) de la Argentina cuando decidió emitir una deuda impagable y sus acreedores aceptaban compromisos incobrables.

Tal es el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), creado para ser “una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales”, tal como lo dice el Banco Mundial, el organismo madre del ente. Así, el mundo vive en la curiosa situación de que los criminales de guerra que usan uniforme de Estados Unidos se amparan en la legislación territorial de esa potencia y evitan ser juzgados por tribunales de otras naciones (incluso donde cometen los delitos), mientras que los fondos financieros especulativos se amparan en la justicia global.
En diez días más, Estados Unidos renueva autoridades de gobierno. A nadie puede escapar que Mitt Romney, el candidato republicano, hizo una pequeña fortuna con fondos especulativos radicados en paraísos fiscales. Por ello, el impuesto a las ganancias lo alcanzó en una alícuota de apenas el 14,1% sobre sus beneficios de 2011. El promedio de ese impuesto para quienes invierten dentro del territorio estadounidense es de 41,7%; es decir, el candidato con serias posibilidades de triunfar paga tres veces menos que los millones que lo votan.

 En el caso concreto del secuestro del buque escuela de la Armada argentina, la esposa de Romney, Ann Davies, fue mencionada por una investigación de la revista norteamericana The Nation por haber depositado al menos un millón de dólares en el fondo especulativo Elliot Managment, cuyo presidente y accionista mayoritario es el millonario Paul Singer, aportante de la campaña de Romney y responsable directo que se presentó en los tribunales de Acra, la capital de –la ex colonia británica y miembro del Commonwealth– Ghana, y logró la incautación de la fragata en demanda de que las autoridades argentinas le paguen los bonos (en default) que adquirió en los llamados mercados secundarios de capitales
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En este encadenamiento de presiones, el viernes se conoció una sentencia de un tribunal de apelaciones de Nueva York a favor del mencionado fondo Elliot.

El tribunal ratificó un fallo del juez Thomas Griesa, quien en febrero último consideró que los tenedores de títulos que no entraron voluntariamente en los dos canjes de deuda (2004 y 2010) merecen un trato igualitario. La decisión de Griesa fue apelada por la Argentina en julio pasado. Hay todavía un tribunal de alzada, que es la Corte Suprema de esa ciudad norteamericana, al que recurrirá el Gobierno Nacional. Respecto de las acciones legales de los fondos especulativos contra la Argentina, el canciller Héctor Timerman recordó el jueves pasado que hasta la fecha no prosperó ninguno de los 28 embargos pedidos por los fondos especulativos.
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Para no caer en voces intoxicadas, acostumbradas a desinformar, conviene reparar en lo publicado en Nuestro Mar, vocero oficioso de los retirados navales. En la edición digital, y con el título “Reducen los recursos mientras sigue la tensión diplomática”, la publicación dispara:

“Con los 289 tripulantes de la Fragata Libertad retenidos en Ghana y 105 marinos de la corbeta Espora varados cerca del puerto de Ciudad del Cabo, el Gobierno piensa reducir las prácticas de entrenamientos y los movimientos de oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas”. Es decir, ni una palabra de cómo defender los intereses argentinos –los barcos de la Armada– sino un ataque al Presupuesto Nacional, que es la llamada ley de leyes.
“Así lo prevé el proyecto de Presupuesto 2013 –sigue Nuestro Mar– que está tratando el Senado y que recorta los días de navegación y las horas de vuelo previstos para la Armada y la Fuerza Aérea; según lo publicó La Nación”. De paso, se cuelga del diario de los Mitre, que tantos servicios hizo a la Armada en tiempos dictatoriales. Consigna la publicación naval: “Los pilotos tendrán 13.641 horas de vuelo frente a las 28.769 previstas para este año.

Es una reducción del 47%, que preocupa a los oficiales de la Fuerza Aérea. Los barcos de la Armada tendrán 161 días para navegar y controlar los espacios marítimos y la hidrovía, cuando en 2012 se previeron 174 jornadas. Muy lejos de los 329 días con que contaban en 2011”. Es decir, la queja no es por haber cambiado la idea de que las Fuerzas Armadas estaban concebidas para reprimir al pueblo y estar preparadas para pelear contra países vecinos y ahora están pensadas para estar encuadradas en el pleno respeto a la democracia y pensar en fortalecer el Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas.

No, Nuestro Mar pretende hacer creer que se trata de un legítimo reclamo gremial y enfatiza que “las actividades previstas para el Ejército se mantienen, en cambio, en los mismos niveles”. Como remate advierte que por “la crisis de la Fragata Libertad, que provocó la renuncia del titular de la fuerza, almirante Carlos Alberto Paz, y el pase a disponibilidad de dos jefes navales, la Armada también contará con menos recursos para el control aéreo del mar y de los ríos. La principal consecuencia es el desánimo que produce entre los oficiales y los suboficiales”.
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La segunda enseñanza es que parece percibirse, una vez más, al menos en la superficie de la sociedad, de la vida política y de la circulación mediática, que la oposición está más preocupada por tomarse de cualquier dato para castigar al Gobierno. De allí que para el relato de los medios opositores, todo esto se remite a “un error”. Es decir, si alguien pisa una mina antipersonal no importa el terreno minado sino la falta de pericia para no sortear el explosivo. Es difícil saber cuánto impacta de modo negativo esta historia en el Gobierno Nacional. En primer lugar, porque la función del Poder Ejecutivo no es jugar a la batalla naval y cantar “tocado” o “hundido”, sino dar cuenta de sus actos administrativos y del proceso de toma de decisiones. En ese sentido, es posible que esto se haya saldado con la aparición pública del ministro Puricelli donde cargó con la responsabilidad.
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gb

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